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Si el trabajador sufre un accidente de tránsito ¿quién debe responder: el soat o la arl?
Buenos días, soy auxiliar de enfermería de remisiones en ambulancia. En una de ellas tuvimos un accidente en el cual la ambulancia rodó por un abismo causándome fractura de rotula izquierda y hematomas en varias partes del cuerpo. Inicialmente me atendieron por SOAT. La ARL me ofrece programa de rehabilitación una vez termine el tope del SOAT, pero éste no me ofrece nada de rehabilitación en mi lugar de residencia. Pregunto: ¿quién debe asumir mi proceso de rehabilitación, siendo que se trató de un accidente de trabajo pero a la vez de tránsito?. Llevo siete meses de terapia física, dos cirugías y no me recupero. ¿A quién le corresponde asumir mi proceso de rehabilitación a la ARL o al SOAT?

En el caso que plantea la consultante coinciden dos situaciones: el siniestro es a la vez accidente de tránsito y accidente de trabajo.
Puestas las cosas en ese contexto, podría decirse que la afectada estaría habilitada para reclamarle a cualquiera de las dos, al SOAT o a la ARL.
Sin embargo, esa posibilidad no existe porque la ley ya escogió, y lo hizo de la manera que más adelante explicaremos.
Antes de descender al punto objeto de la consulta, vale la pena ambientar el tema con las siguientes anotaciones.
Producido el siniestro el accidentado puede ser llevado a cualquier entidad hospitalaria o clínica, pública o privada, la cual deberá prestarle los servicios médicos requeridos, sin trabas de ninguna clase. Es decir, la institución de salud no podrá, bajo ninguna circunstancia, condicionar la prestación de los servicios médicos (entendidos en su concepción integral) a la demostración de la capacidad de pago del afectado o de su familia, ni a ningún otro requisito, so pena de incurrir en faltas sancionables con multas, intervención administrativa y técnica, suspensión de actividades, e incluso la pérdida definitiva de la personería jurídica. Así mismo, sus representantes legales, administradores y funcionarios pueden ser objeto de cuantiosas sanciones pecuniarias (300 salarios mínimos legales diarios) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Los accidentados tienen derecho a recibir de parte de los establecimientos hospitalarios o clínicos a donde hayan sido llevados, toda la atención médica que requieran, desde la atención inicial de urgencias hasta su rehabilitación final. Por tanto, la cobertura comprende “la atención de urgencias, hospitalización, suministro de material médico, quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y rehabilitación.”
En caso de que la entidad prestadora de los servicios de salud no disponga de los recursos técnicos, científicos, o de diagnóstico requeridos por el paciente, ésta podrá disponer el traslado del accidentado a una entidad cuyo nivel se avenga a la complejidad del caso.
Ahora bien, por los costos que demande la prestación de los servicios médicos integrales a que nos hemos venido refiriendo, debe responder el SOAT, hasta alcanzar una cuantía máxima igual a 500 salarios mínimos legales diarios ($ 11.491.000). Sin embargo, si se agota dicho presupuesto y los servicios médicos siguen causándose, entrará a responder el FOSYGA, hasta completar un valor total equivalente a 800 salarios mínimos legales diarios. Y si a pesar de ello subsiste un saldo por pagar, éste lo deberá cubrir la EPS o la ARL, según el caso.

En conclusión el SOAT es el primero que debe entrar a asumir los costos, hasta una cuantía máxima de 500 salarios mínimos legales diarios; luego pasa a responder el FOSYGA hasta por 300 salarios diarios mínimos adicionales, y de ahí en adelante la ARL (si se trató de accidente de trabajo) o la EPS (Ss es accidente de origen común.)
Así las cosas, mientras no se agoten los 800 salarios mínimos legales diarios ($ 18.385.467), la ARL no estará obligada a responder por los gastos de rehabilitación de la consultante.

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